"De no tomarse las medidas necesarias para reducir los gastos e incrementar los ingresos públicos, se pondría en riesgo el grado de inversión de la deuda externa colombiana y se incrementaría su costo de financiamiento".

Así lo indicó este jueves el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, al entregar al Congreso los informes de Situación de las Finanzas del Estado, la Situación de la Deuda Pública, la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y la Auditoría del Balance de la Nación, correspondientes a la vigencia 2017.

Para el ente de control, el desempeño fiscal y financiero del Estado Colombiano en 2017 se desarrolló en un entorno económico caracterizado por el débil crecimiento de la economía mundial, el retroceso de la inflación que le permitió al Banco de la República implementar una política monetaria expansionista y un crecimiento económico de 1,8%, que fue el más bajo de los últimos años.

En este contexto, el Sector Público Consolidado –SPC- registró durante el año 2017 un déficit fiscal de $23,81 billones (2,61% del PIB), menor al presentado en 2016 que fue de $26,55 billones (3,10% del PIB).

El Gobierno Nacional Central (GNC) tuvo un déficit de 3,7% del PIB frente a un superávit de 1,09% del PIB de los demás integrantes del Sector Público Consolidado.

Los superávits se presentaron en los subsectores Seguridad Social, Regalías y Establecimientos Públicos Nacionales, Entidades Territoriales y Fondo Nacional del Café, mientras que hubo déficit en Empresas No Financieras.

"Se destaca la mejoría en el resultado fiscal de las finanzas del Gobierno Nacional Central, que disminuyó su déficit en 0,3 puntos porcentuales en 2017, explicado por los mayores ingresos obtenidos en la vigencia (1,1% adicionales como porcentaje de PIB) en comparación con el incremento de los gastos (0,7% adicionales como porcentaje de PIB)", informó el ente de control.

En cuanto a la situación de la deuda pública, el Contralor Maya Villazón reveló que la deuda del Sector Público colombiano llegó en 2017 a $516,59 billones, equivalentes a 56,6% del PIB. La deuda se mantuvo prácticamente estable entre 2016 y 2017.

"El Gobierno Nacional Central fue el principal prestatario público externo e interno y registró un incremento de $32,12 billones en el saldo de su deuda durante 2017 haciendo que medida como porcentaje del PIB (44,9%), alcanzara el nivel más alto desde 1923, año en que la Contraloría General de la República empezó a llevar el registro de la misma", sostiene Maya.

Mencionó que "entre las operaciones que debió realizar el Gobierno con el fin de sostener sus metas de financiamiento en 2017 estuvieron: 1) operaciones de prepago, y canje de la deuda interna; 2) aumento del cupo de emisión de TES B por $8 billones; 3) recorte en el Presupuesto General de la Nación por $4 billones; 5) pre-financiamiento del presupuesto de 2018, con la emisión de bonos globales por US $900 millones; y 6) utilización temporal de los diferentes fondos administrados, en especial, los recursos del Sistema General de Regalías por más de $10 billones y de Coltel por $3,2 billones". 

En el Informe de Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, indicó,  "el Gobierno Nacional contó con una apropiación definitiva de $229,32 billones (25,1% del PIB), 60,576% para funcionamiento, 17,62 % para inversión y 21,81% en servicio de la deuda, con ejecución total del 94,9%, medida por obligaciones".

Según el Contralor, "por ser una tarea de control y seguimiento de la CGR, en este informe también se analiza el Gasto Público Social –GPS-, mecanismo para ejecutar política social con presupuesto del Gobierno Nacional, como: incluir en el sistema educativo a los niños de las familias más pobres, asegurar el acceso universal a la salud de la población sin capacidad de ingreso, mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda u otorgar vivienda a los más pobres".

En la ejecución del Gasto Público Social, se observa que en términos nominales, pasó de $40,89 billones a $127,09 billones entre 2005 y 2017.

Para la Contraloría, la pobreza no disminuyó en niveles proporcionales a ese aumento y aún persiste la inequidad.

"En los recursos del Gasto Público Social se han detectado problemas de corrupción como se ha mostrado en el Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales están destinados a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, entre otros, y donde para la vigencia 2017 la CGR encontró hallazgos por $3.051 millones.  Hay subsidios que deben ser dirigidos a la población más vulnerable y están beneficiando a población de altos ingresos", puntualizó la Contraloría.